HACIA EL RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y DIGNIFICACIÓN DEL AGENTE DE SEGURIDAD INTEGRAL EN EL PERÚ.

Por: Neyser Antíkona

I. Introducción

En el Perú, los agentes de seguridad integral —vigilantes, resguardos, prevencionistas y otros trabajadores vinculados a la protección de personas y bienes— sostienen una parte fundamental de la seguridad cotidiana del país. Sin embargo, este rol estratégico contrasta con una realidad marcada por abusos laborales sistemáticos, precarización extrema, inseguridad jurídica, falta de reconocimiento institucional y una alarmante impunidad empresarial. Pese a que las leyes que protegen a los trabajadores existen, su incumplimiento se ha normalizado en el sector de la seguridad privada, configurando un escenario donde el abuso se vuelve regla y no excepción. Este ensayo explora antecedentes, diagnostica los problemas actuales y propone soluciones concretas, articulando el rol de las autoridades competentes y de un legislador comprometido con la seguridad integrada.

II. Antecedentes y marco normativo

1. Naturaleza del trabajo de los agentes de seguridad

Los agentes de seguridad integral —incluyendo vigilantes privados, resguardos, prevencionistas y otros trabajadores vinculados a la protección de personas y bienes— — realizan tareas de protección, control de acceso y respuesta ante contingencias, muchas veces en contextos de alto riesgo. No obstante, su figura se ubica en una zona gris de protección social y laboral, distinta de la de las fuerzas públicas, lo que genera brechas significativas en seguridad jurídica, laboral y operativa.

2. Marco legal vigente

Si bien existen leyes, decretos y normas administrativas que regulan la seguridad privada y los deberes de las empresas de seguridad, su aplicación efectiva y cumplimiento real aún es deficitario:

• La normativa exige requisitos mínimos de contratación, capacitación y

certificación para los vigilantes.

• La SUCAMEC tiene la función de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las

reglas en seguridad privada.

• La SUNAFIL es la autoridad laboral encargada de garantizar el respeto de los

derechos de los trabajadores, incluidas condiciones de trabajo y remuneraciones.

No obstante, en la práctica muchos agentes siguen enfrentando abusos, maltrato laboral y operacional, precariedad contractual y falta de protección social efectiva.

III. Diagnóstico de la problemática real

1. Jornadas laborales abusivas e inhumanas

Uno de los abusos más extendidos y normalizados es la jornada laboral excesiva:

• Turnos de 12 horas diarias como práctica habitual.

• Casos aún más graves de turnos “pegados” de 24

horas continuas o más, sin descanso real.

• Fatiga extrema que pone en riesgo la vida del

agente, del público y del propio servicio que se

brinda.

Estas prácticas no solo vulneran la legislación laboral, sino que constituyen un riesgo directo para la seguridad ciudadana, al forzar a trabajadores exhaustos a cumplir funciones críticas.

2. Riesgos operativos no reconocidos

Los agentes se enfrentan a situaciones de violencia, amenazas, agresiones físicas y psicológicas sin contar con mecanismos claros de respaldo, seguros o protocolos que les otorguen herramientas legales y de protección efectiva.

3. Incumplimiento del horario de refrigerio y descanso

Muchos agentes:

• No gozan de horarios reales de refrigerio.

• Deben comer de pie, vigilando, o directamente se les prohíbe abandonar su puesto.

• No reciben compensación alguna por esta vulneración.

Este hecho, aparentemente “menor”, es una violación directa a derechos mínimos y evidencia la deshumanización del trabajador de seguridad.

4. Incumplimiento de beneficios legales básicos

Es recurrente:

• La falta de pago de la asignación familiar, pese a cumplir los requisitos legales.

• Omisiones en gratificaciones, CTS u otros beneficios.

• Regímenes contractuales diseñados para eludir obligaciones.

5. Despido arbitrario como mecanismo de represalia

Una práctica particularmente grave es el despido arbitrario por reclamar derechos:

• Agentes obligados a renunciar o “sin renovación de contrato” por exigir pago

correcto, descansos o beneficios.

• Amenazas veladas: “si no te gusta, detrás de ti hay 100”.

• Uso del miedo al desempleo como herramienta de control.

Esto configura una cultura empresarial basada en la represión laboral, incompatible con un Estado de derecho.

6. Empresas que quiebran, cambian de razón social y dejan impagos

Una de las realidades más tristes y perversas del sector:

• Empresas de seguridad que operan durante meses, acumulan deudas laborales y luego:

o Se declaran en quiebra.

o Cambian de razón social.

o Reaparecen con nuevos directivos

“formales”, pero los mismos operadores

reales.

• Decenas o cientos de agentes quedan impagos, sin mecanismos efectivos de recuperación.

Esta práctica constituye, en los hechos, una estafa laboral sistemática, tolerada por la debilidad del control estatal.

IV. Propuestas de solución

1. Fortalecimiento de la fiscalización y sanción efectiva

SUCAMEC debe:

• Fiscalizar no solo licencias y armamento, sino condiciones laborales reales.

• Denegar o cancelar autorizaciones a empresas reincidentes.

• Cruzar información sobre directivos, accionistas y razones sociales para evitar

“empresas fantasmas”.

SUNAFIL debe:

• Priorizar el sector seguridad privada como sector de alto riesgo laboral.

• Actuar de oficio, sin necesidad de denuncia individual (que hoy expone al agente

a represalias).

• Aplicar sanciones ejemplares y seguimiento efectivo.

2. Creación de un Observatorio Nacional de la Seguridad Integral

• Conformado por representantes de agentes, asociaciones (como la Asociación

Peruana de Agentes de Seguridad), SUNAFIL, SUCAMEC, y sociedad civil.

• El observatorio sistematizaría datos, casos de abuso, seguimiento de causas y

propuestas de mejora normativa.

3. Impulso legislativo desde el Congreso

Un diputado peruano comprometido con la causa puede usar su poder no solo para proponer leyes, sino también para ejercer control político y articular políticas públicas:

Acciones concretas que puede tomar:

1. Presentar un proyecto de ley que:

o Reconozca la seguridad integral como actividad de interés público.

o Establezca categorías laborales específicas para los agentes de seguridad,

con derechos y beneficios proporcionales al riesgo.

o Obligue a las empresas a reportar condiciones laborales, horas de servicio,

seguros de vida y riesgos.

2. Interpelar y fiscalizar al ministro correspondiente, a SUNAFIL y

SUCAMEC para exigir cumplimiento estricto de normas y presentación de

indicadores de supervisión periódicos.

3. Promover audiencias públicas en el Congreso donde participen agentes de

seguridad y afectados, para visibilizar problemáticas y presionar por soluciones.

4. Gestar incentivos fiscales o subvenciones a empresas que demuestren

condiciones óptimas de protección para sus agentes (capacitación continua,

seguros complementarios, protocolos de respuesta ante agresiones).

4. Educación, certificación y profesionalización

Impulsar programas robustos de formación y certificación técnica continua, desarrollados en alianza con instituciones técnicas y universidades, que eleven el perfil profesional del agente de seguridad.

5. Campañas de concientización

Lanzar campañas nacionales de sensibilización sobre la importancia de los agentes de seguridad integral, su contribución y los riesgos que enfrentan, a fin de generar un respaldo ciudadano que presione por políticas públicas y respeto social.

V. Propuesta clave: Ley de Responsabilidad Penal Individual a Personal Empresario.

Se propone la creación de una ley específica que:

1. Penalice a directivos y administrativos

• Responsabilidad individual (no solo empresarial) para:

o Gerentes.

o Directores.

o Administradores.

o Generalistas GTH.

o Representante oficial o interino que envíe la empresa a encarar a los

trabajadores.

• Sanciones penales cuando:

o Se impongan jornadas ilegales.

o Se retengan beneficios laborales.

o Se simule quiebra o cambio de razón social para evadir pagos.

2. Registro nacional de directivos sancionados

• Personas sancionadas no podrán:

o Dirigir.

o Administrar.

o Representar empresas de seguridad por un periodo determinado o de por

vida en casos graves.

3. Fondo de garantía laboral

• Obligatoriedad de un fondo o seguro que cubra:

o Sueldos.

o Beneficios.

o Indemnizaciones en caso de quiebra empresarial.

VI. Conclusión 

Los agentes de seguridad integral son piezas claves en el tejido social y urbano del Perú. La problemática que enfrentan —vulneración de derechos laborales, riesgos operativos no reconocidos, fiscalización débil y falta de reconocimiento— requiere respuestas estructurales y articuladas entre autoridades competentes, sociedad civil y el poder legislativo.

La situación de los agentes de seguridad integral en el Perú no es un accidente: es el resultado de abusos sistemáticos, controles débiles y ausencia de sanciones reales. Las leyes existen, pero no se cumplen. Las instituciones existen, pero no actúan con la firmeza requerida.

Proteger al agente de seguridad no es solo un acto de justicia laboral: es una condición mínima para una seguridad ciudadana real y sostenible. Con acciones claras, coordinadas y sostenibles, es posible asegurar que los agentes de seguridad no solo cumplan su deber profesional, sino que lo hagan con dignidad, respaldo y justicia.